Desde el 1º de junio de 2009 está reglamentada la ley de obesidad en la Argentina. De esta forma los tratamientos para bajar de peso quedaron incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que implica que el sistema de salud pública, las obras sociales, mutuales y empresas de medicina prepaga deben hacerse cargo de los mismos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, al igual que los que deben aplicarla, aún desconocen los alcances de la ley. Así lo confirmó a La Capital el médico endocrinólogo Alfredo Ghione Pelayo, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios.

Las consultas ambulatorias, el seguimiento del tratamiento, la medicación en los casos que sea necesaria y los procedimientos quirúrgicos para abordar el problema de la obesidad, así como de otros trastornos alimentarios, fueron incluidos en la reglamentación.

La Argentina es el primer país que tiene esta ley que "obliga a los gobiernos en sus distintas jurisdicciones a crear servicios y estructuras para atender al problema y a todas las entidades públicas y privadas —incluidas sin excepción las dedicadas a cobertura de salud— a hacerse cargo, lo que termina con la exclusión de los obesos de tantas prestaciones directas e indirectas como sucedía hasta ahora", explicó el médico.

Para el profesional, lejos de propiciar un descontrol en el ámbito sanitario, como algunos prestadores vaticinaron, "establece claramente los parámetros dentro de los cuales los pacientes tienen derecho a la cobertura. La reglamentación, además, desalienta el uso de los servicios de salud con fines estéticos o de mercado".

— ¿Los pacientes están al tanto de la ley?

— No sólo la población ignora su existencia sino que tampoco la conocen los directamente implicados: gobiernos provinciales y municipales; obras sociales y mutuales; entidades de medicina prepaga; efectores de salud y asociaciones de pacientes. Es llamativo incluso que habiendo sido publicada en el Boletín Oficial el 1º de junio pasado no haya encontrado en ningún medio de comunicación —ni aún en los especializados— la noticia de su puesta en vigencia. Una vez publicada en el Boletín su aplicación es obligatoria en todo el país.

—¿Qué es lo mejor que tiene esta ley para el paciente?

— Establece que la obesidad es una enfermedad y que es problema de salud pública, por tanto, sujeta a políticas de gobierno. Esto libera al enfermo de ser culpable de estar enfermo.

— La medicación para bajar de peso tiene el 70% de descuento. ¿En qué consiste?

— La ley explicita dos fármacos: el Orlistat, que disminuye la absorción/reabsorción de grasas por el aparato digestivo, y la sibutramina, mal clasificada como anorexígena, que recupera las señales de saciedad y tiene un cierto efecto lipolítico (quemador de grasas). No contempla al clásico Mazindol, fármaco oficial en países como Japón ni fentermina o amfepramona que son toleradas en Estados Unidos.

La reglamentación no establece plazos de cobertura, es decir que infiere que puede llegar a ser indicada de por vida. La medicación es sólo una de las tantas herramientas para una enfermedad originada en múltiples factores.

— ¿Es posible bajar de peso y mantenerlo en el tiempo?

— Sí. Sin embargo hay tantos fracasos porque aún se ignoran muchos aspectos del problema, pero fundamentalmente porque no se aplica el abordaje multilateral o multidisciplinario, por ignorancia o por soberbia.

Cuando se engorda, no sólo se llena de grasa cada célula adiposa, sino que las células del tejido adiposo se multiplican; cuando se adelgaza, esas células pierden contenido de grasa (se achican) pero no se mueren: quedan semivacías esperando ávidamente recuperar su contenido.

La obesidad es tan difícil de resolver que no puede dejarse siquiera en las manos sólo de los médicos por lo que todos tenemos que bajarnos del caballo y aportar conocimientos desde lo que estamos formados, pero nadie por si solo tiene todas las llaves para resolver el problema.

En qué consiste el tratamiento

La reglamentación de la Ley de Obesidad establece los tratamientos según los grados de enfermedad y hace explícito el tratamiento para cada situación. Acorde con las normas de la Organización Mundial de la Salud y los consensos internacionales, declara que los pacientes deben ser tratados por profesionales habilitados en distintas disciplinas. Da incumbencia especialmente al médico de cabecera (de familia o de atención primaria); al licenciado o al médico especialista en nutrición y crea la figura del médico "expertise" (coordinador/director del equipo pero no profesional), único habilitado para atender todos los aspectos de la enfermedad. Esto deja claro que el problema es tanto biológico como social, conductual y de políticas sanitarias, expresó el endocrinólogo Alfredo Ghione Pelayo.

El médico señaló que la ley pone coto al tema del peso y la figura como mercadería al establecer que el único que puede indicar una dieta es el médico especializado o el nutricionista. "Esto terminará con los métodos mágicos que venden la ilusión de estar en forma a corto plazo", enfatizó, y entre otros aspectos, dijo que invierte aquello de que los obesos debían recurrir a la Justicia para ser atendidos, hace explícito su derecho al tratamiento sin mayores trámites y en el caso de que requiera la cirugía, "su cobertura no dependa de la disponibilidad económica del paciente".